¿Qué pinta el Gobierno con Delphi?

Sabido es por todos que una de las principales obligaciones del Gobierno es ofrecer garantías suficientes para que las cosas funcionen: una de esas "cosas" son las empresas. Pero las corporaciones privadas son, por definición, privadas. Es decir, que tienen dueños que deciden sin intercesión del Gobierno. ¿Por qué tanto enconamiento con Delphi, AFINSA o Fórum Filatélico pues?

Cierto que las autoridades competentes, en este caso el Banco de España, debía tener vigiladas las actuaciones económicas de AFINSA y Fórum. ¿Pero qué culpa tiene el Gobierno de que los dueños de una empresa sean delincuentes? Si la empresa fuera pública la responsabilidad sería obvia, pero con las empresas, los dueños deciden qué hacer siempre dentro de la Ley (de ahí la intervención judicial) y los clientes son libres de entrar o no.

Sin embargo, los afectados exigen soluciones al Gobierno como si fuera culpa suya lo sucedido: que les devuelvan el dinero que ellos no les han quitado. Algo similar pasa ahora con Delphi: a una empresa estadounidense le va mal por las operaciones realizadas en el extranjero y tiene que cerrar una factoría, insignificante para ellos, en un punto perdido de España. Y los trabajadores montan barricadas, queman contenedores y salen con pancartas de "Delphi no se cierra".



Por desgracia sí, sí se cierra, Por desgracia porque es lamentable que 1.600 familias se queden en la calle de la noche a la mañana. Pero contra quien hay que protestar es contra el sistema liberal y capitalista, basado en la oferta y demanda, que es el que abre y cierra empresas. En lo que pasa no hay delito alguno, y el Gobierno no tiene culpa ni tiene por qué ocuparse del asunto. Si a mí me despiden, el Gobierno no tiene que responder: cobraré mi paro, que para algo está, y solucionado.

Sin embargo, los adalides del liberalismo económico, el PP del eterno "no a todo", se empeña en que el Gobierno es responsable de todo. Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, amenaza con que si se cierra Delphi es que la Junta de Andalucía y, por extensión, el Gobierno se ríen de los trabajadores. Y eso que se supone que se oponen al intervencionismo, son fanáticos de las privatizaciones y de la ley del mercado.

Sin embargo, resulta curioso ver cómo se ponen con ese Gobierno tan tremendamente intervencionista cuando intentó que Endesa siguiera siendo española, no como ellos, contentos con el socio alemán, y todo porque Cataluña entraba por medio y no querían. Y eso que, además de liberales, hablan de la unidad de la patria.